¿Qué ha pasado el 24 de diciembre?
El último Consejo de Ministros de 2025 ha aprobado varias medidas en transporte y economía social, pero no ha dado luz verde al Plan de Vivienda 2026-2030.
Según ha explicado Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recién nombrada portavoz del Ejecutivo en sustición de Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, uno de los decretos incluye el nuevo abono único de transportes, mientras que el otro abarca una batería de medidas como la revalorización de las pensiones, la prórroga de la prohibición de desahuciar por impago del alquiler a familias vulnerables sin alternativa habitacional o de cortarles los suministros básicos del hogar, y la prórroga del bono social eléctrico. Las medidas del 'escudo social' se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 24 de diciembre.
Ni Plan de Vivienda ni subida de las cuotas de autónomos
Sin embargo, lo que ha quedado pendiente es el Plan de Vivienda 2026-2030, que el Gobierno tenía previsto aprobar en la segunda quincena de diciembre. Algo que no sucederá, a no ser que se convoque un Consejo de Ministros extraordinario antes de que acabe el año.
La Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) cree que la prórroga de la prohibición de desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional erosiona el derecho de propiedad.
Asimismo, la entidad ha manifestado que dicha moratoria aumenta, una vez más, la desconfianza de los propietarios en las instituciones del Estado, incrementando la sensación de inseguridad jurídica.
"Con ello, existe un alto riesgo de reducir la oferta de viviendas en alquiler, en un momento en que el mercado ya presenta niveles mínimos de disponibilidad y tiempos de recuperación de inmuebles superiores a los 20 meses", ha expresado Asval, criticando que lo que nació hace más de cinco años como una "medida excepcional" durante la pandemia se ha mantenido en España de forma "casi estructural".
En este sentido, la organización ha asegurado que este tipo de normas se fueron retirando gradualmente en la mayoría de países europeos a medida que la situación sanitaria y económica se normalizaba. Al hilo, Asval ha comentado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya declaró en un caso similar ocurrido en Italia que la demora prolongada en la ejecución de desahucios, aun cuando esté motivada por la necesidad de planificar medidas de asistencia social, "vulnera los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la propiedad privada".
"Esta jurisprudencia evidencia que las cargas derivadas de la protección social no pueden recaer indefinidamente sobre particulares ni convertirse en una suspensión 'sine die' de decisiones judiciales firmes", ha añadido.
En este contexto, la entidad ha abogado por aumentar los esfuerzos en dar una solución definitiva a los miles de casos que se encuentran en suspenso, instando a los poderes públicos a realizar un diagnóstico claro y riguroso sobre cada uno de ellos y a aplicar medidas correctoras, que alivien la carga a los propietarios pero, fundamentalmente, que den estabilidad a las familias que se encuentran en situaciones reales de vulnerabilidad.
"Ni los propietarios deben servir de escudo social, ni las familias pueden seguir sosteniéndose con parches que, lejos de solventar la falta de alternativa habitacional, perpetúan situaciones de precariedad y falta de seguridad", ha concluido.